La Asociación Mundo Igualitario dispondrá del inmueble donde funcionó Madaho’s

En el marco de la causa por  lavado de activos provenientes de la explotación sexual de mujeres en el local Madaho’s, se dictó el embargo de la propiedad ubicada en Alem 4285 por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que articule la entrega en custodia provisoria y tramite el permiso de uso a una entidad pública o asociación civil con el fin de conservar el valor del bien.

La Asociación Mundo Igualitario (AMI), que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, elevó un pedido de uso del espacio y le fue adjudicado. El lunes a las 10 se realizará la entrega formal de llaves.

Desde el lunes a la mañana, AMI dispondrá de la custodia del inmueble donde funcionó el prostíbulo vip, en una medida dispuesta por la Justicia Federal para evitar el deterioro de un inmueble clausurado en septiembre de 2014.

Para adjudicarle la custodio a AMI, se tuvo en cuenta el trabajo de asistencia de un colectivo vulnerado en sus derechos. Desde el Ministerio Público Fiscal entendieron que para elegir a una asociación, además de cumplir con los requerimientos necesarios para conservar el valor del inmueble, debía tener entre sus funciones la promoción y defensa de los derechos de colectivos vulnerados en situaciones de trata, prostitución y/o extrema vulnerabilidad.

El fiscal general Daniel Adler, junto Mario Villar y María Laura Roteta (cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – Procelac) y Daniela Sodini, (directora interina de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación), habían solicita que se dispusiera el embargo preventivo del inmueble de Alem 4285, para asignar su uso a una entidad de bien público. El juez Santiago Inchausti, en una resolución sin precedentes, que avanza en el desarrollo de la perspectiva de género y diversidad en el Poder Judicial, decidió convalidar el pedido.

La Asociación Mundo Igualitario trabaja desde hace años en la lucha, fomento y difusión de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, con foco especial en la protección de las feminidades travestis y trans en situación de prostitución.

Desde su creación en el año 2014, AMI impulsó la implementación del cupo laboral travesti-trans en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la efectivización de dicho cupo en el marco de la Ley Provincial, logrando la creación de puestos de trabajo formal para el colectivo, e inaugurando experiencias de inclusión que fueron replicadas en diferentes puntos del país. También creó la ordenanza de cupo laboral en el municipio de General Pueyrredón, y participa activamente en la Mesa Interinstitucional contra la trata de personas, entre otros frentes de articulación vinculados a la temática.

Claudia Vega, presidenta de la asociación, explicó: “Construimos una participación activa en el Comité de Emergencia LGTBIQ+ local, creado para paliar las necesidades agravadas de las compañeras travesti-trans en situación de prostitución, a raíz del ASPO y DISPO decretados con motivo de la emergencia sanitaria causada por el COVID19 porque tenemos mucho para aportar. Tratamos todo el tiempo de acompañar, de estar de manera integral: en los talleres para niñeces, adolescencias y jóvenes, familiares y entornos afectivos, en espacios de sensibilización en diferentes instituciones, en el amparo para las que están sufriendo violencias en la cárcel, y en las que están en riesgo alimentario por la pandemia. No tenemos un lugar físico donde articular nuestro trabajo, por eso nos presentamos con una propuesta para resignificar un espacio que fue centro de violencias en uno que garantice derechos”.

Desde AMI sostuvieron que su función primaria es “la defensa de los derechos de personas travestis y trans cuyos destinos lamentablemente se ven –aún hoy y pese al avance legislativo habido en los últimos años en la materia – signados por la marginalidad, la prostitución desde muy temprana edad, la exclusión del sistema sanitario, de la educación formal básica, la imposibilidad de acceso al mercado laboral formal, la corta expectativa de vida y la exposición constante y permanente a situaciones de trata de personas como la que da lugar a la causa judicial que motiva la propuesta de intervención en relación a la propiedad donde funcionó Madahos”.