Entregarán el inmueble donde funcionó Madaho’s a una asociación civil

A la espera el  juicio oral y público y el dictado de una sentencia que ponga fin al proceso penal por lavado de activos provenientes de la explotación sexual de mujeres en el local Madaho’s, el fiscal general Daniel Adler, solicitó que se disponga el embargo preventivo del inmueble de Alem 4285 y se le dé intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) para que articule la entrega en custodia provisoria y tramite el permiso de uso a una entidad pública o asociación civil con el fin de conservar el valor del bien. 

Según indicaron  fuentes oficiales,  el juez federal Santiago Inchausti dio lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, e introdujo que en caso de obtenerse ganancias por su administración serán destinadas en favor del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

La medida permitirá evitar el deterioro de un inmueble clausurado en septiembre de 2014, hasta su eventual disposición final en la etapa de juicio, con el objeto de cumplimentar y cubrir los montos de reparaciones y costas del proceso; y a la vez, habilitará su utilización, cuanto menos provisoria, por parte de una entidad dedicada a la asistencia de un colectivo vulnerado en sus derechos. 

Los fiscales entendieron que la asociación elegida, además de cumplir con los requerimientos necesarios para conservar el valor del inmueble, deberá tener entre sus funciones la promoción y defensa de los derechos de colectivos vulnerados en situaciones de trata, prostitución y/o extrema vulnerabilidad.

Según señalaron desde el Ministerio deberá asignarse el inmueble a una asociación que tenga entre sus funciones la promoción y defensa de los derechos de colectivos vulnerados en situaciones de trata, prostitución y/o extrema vulnerabilidad.

“Resultaría un contrasentido dejar en poder de los imputados la custodia del activo que luego deberá utilizarse para los fines aquí referidos, en tanto, en razón del valor del bien, su disposición por parte de los propios procesados, podría llevar a su depreciación o desaparición y, sin perjuicio de las acciones que en consecuencia se habilitarían, lo cierto es que se perdería el activo, resultando así un riesgo que esta parte no puede tolerar”, argumentaron.