La Justicia ordenó al Estado que garantice un techo a familias que viven bajo líneas de alta tensión

El juez Alfredo López ordenó la intervención de los diferentes niveles de Estado para “atender la situación de vulnerabilidad de las familias” asentadas bajo líneas de alta tensión en el barrio José Hernández, en un predio contiguo a la Estación Transformadora ubicada en el oeste de Mar del Plata.

El titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata libró un oficio a la Municipalidad de General Pueyrredon, al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que “cada una dentro de sus respectivas competencias y/o en forma conjunta atiendan la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas por cuento habitan en la franja territorial comprometida”.

Como detalló 0223, decenas de familias se instalaron desde 2022 en cinco terrenos por donde pasan las líneas de alta tensión de 320 kv que ingresan a la Estación Transformadora, asociada a la interconexión Bahía Blanca – Vivoratá, y desde donde se provee de energía eléctrica a gran parte de la región. Ante esa situación, y luego de intentar convencer a los vecinos de trasladarse, la empresa a cargo de la Estación, Transba SA, inició un proceso sumarísimo preventivo de daños para lograr el desalojo de las familias.

La situación “representa un gravísimo e inminente riesgo para la seguridad e integridad física de las personas que allí se encuentran (ante el riesgo de descargas eléctricas fulminantes), como así también comporta una amenaza para la prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica”, advirtió la firma a cargo de la concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal en la Provincia de Buenos Aires.

Además de pedir la intervención de Nación, Provincia y Ciudad, López pidió intervención de la Asesoría de Menores, dado que se encuentran “comprometidos los derechos de menores en las presentes actuaciones conforme se desprende de la prueba arrimada a la causa”. Notificada de la situación, la defensora pública Paula Muniagurría pidió que se tomen medidas de prueba para constatar efectivamente la presencia de menores en las tomas.

Por otro lado, el magistrado requirió la intervención, por intermedio de la Municipalidad, de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, por la presencia de animales domésticos y de cría en la zona.