Convivir con la muerte: habitan bajo líneas de alta tensión y la Justicia analiza desalojarlos

A metros de la muerte. Así viven decenas de familias en un asentamiento que creció en el último año en el barrio José Hernández, en las inmediaciones de la Estación Transformadora de alta tensión, por donde ingresa la energía que abastece a Mar del Plata. Bajo las líneas de 132 kv, 600 veces superior a la energía domiciliaria de 220 v, construyen sus precarias viviendas pese a los riesgos que corren y que conocen tras ser advertidos por la distribuidora eléctrica provincial, Transba SA. En el caso ya interviene la Justicia Federal, que analiza un pedido de desalojo impulsado por la empresa, que advierte no solo por los riesgos de muerte, sino también por la afectación que podría haber en la prestación del servicio en la región.

El inicio del conflicto se remonta, al menos, a mayo del año pasado, cuando vecinos de la zona oeste comenzaron a asentarse en un amplio predio que tiene su corazón en José Hernández, pero que se extiende aún más allá, en una zona rural pegada al barrio Autódromo. En total abarca un frente de 300 metros sobre calle Carlos Gardel y se extiende por unos 3 km, entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, y sus proyecciones. El núcleo del conflicto está en el terreno lindante a la Estación Transformadora, asociada a la Interconexión en 500 kv Bahía Blanca - Vivoratá, y el cual pertenece al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Los cuatro restantes, los más alejados, son propiedad de tres particulares y una empresa.

Luego de conversaciones infructuosas con los habitantes y al entender que no encontraron eco en el pedido de intervención realizado a la Municipalidad de General Pueyrredon y al Instituto de la Vivienda, en marzo de este año Transba inició un proceso sumarísimo preventivo de daños para lograr el desalojo de las familias, en el cual demandó a los cinco titulares de los predios implicados y a la propia Municipalidad. La causa es llevada adelante por el Juzgado Federal N°4 de Alfredo López, quien admitió la demanda y analiza los pasos a seguir.

En su presentación, la concesionaria del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires advirtió que la presencia de personas habitando bajo las líneas de alta tensión “representa un gravísimo e inminente riesgo para su seguridad e integridad física (ante el riesgo de descargas eléctricas fulminantes), pudiendo ocasionarse grave daño a la salud y muerte”. Asimismo, remarcó que la situación “comporta una amenaza para la prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica”, ya que en este último caso no pueden realizar el correcto mantenimiento de las instalaciones, además que las mismas podrían verse afectadas en caso de algún incidente.

Por todo ello, solicitó una medida cautelar innovativa donde se ordene el “inmediato desalojo” de las personas y la remoción de toda construcción que se encuentra en la denominada “franja de seguridad”, que abarca una zona de 15 metros a cada lado del eje de la línea, según la normativa vigente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre). Además, en aquellos predios privados por donde pasan líneas de alta tensión rige la denominada “servidumbre administrativa de electroducto”, establecida por la Ley 19.552 y diversas resoluciones del Enre, donde se establecen restricciones y limitaciones al uso del dominio por parte de sus propietarios, como la prohibición de construcciones, la quema de pastizales, la plantación árboles de más de 3,6 metros y el desarrollo de actividades deportivas, entre otras.

Finalmente, considerando la particularidad que en las construcciones habitan familias de bajos recursos, con la presencia de menores y adultos mayores, Transba solicitó que se cite a la Municipalidad, al Instituto de la Vivienda bonaerense y al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, para que “en forma conjunta, atiendan la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas por la medida, asegurándoles el derecho constitucional a una vivienda digna”.

Gestiones previas

En la demanda judicial, la empresa remarcó las diferentes gestiones e iniciativas llevadas ante diversas áreas estatales para resolver el conflicto durante 2022. Según surge de la documentación elevada, el 11 de mayo puso en conocimiento de la situación a la Municipalidad, a través de una nota dirigida al intendente Guillermo Montenegro. “Se verificaron delimitaciones de diferentes fracciones de tierra (asimilando a un loteo) con palos, hierros, alambres, sogas y demás elementos de identificación. También se observó el inicio de la construcción de viviendas precarias y algún zanjeo supuestamente con intenciones de erigir alguna vivienda o casilla”, relató sobre el inicio del asentamiento. Cinco días después agregó una segunda nota, dando precisiones sobre nuevas ocupaciones.

En el medio, más precisamente el 12 de mayo, notificó al Instituto de la Vivienda, propietario del inmueble donde se originaron las tomas y con facultades en temáticas de Hábitat dentro del gobierno de Axel Kicillof. Allí pidió que “arbitrase todos los medios necesarios para que se ejecute la urgente remoción de dichas construcciones, o bien instruya esas acciones a los ocupantes”.

Más tarde, el 7 de junio, radicó una primera denuncia en la Comisaría Undécima, ubicada a metros del predio, luego ampliada el 16 de junio. Como consecuencia, tomó intervención la Fiscalía Nº12 a cargo de Juan Pablo Lódola, pero las actuaciones fueron archivadas el 30 de junio. El 7 de julio asentaron una nueva denuncia, ante el avance de las construcciones.

En paralelo, tanto el 12 de mayo como el 30 de junio, integrantes de la empresa recorrieron el predio donde iniciaron conversaciones con las personas instaladas en los terrenos, a las que les repartieron material instructivo sobre los riesgos potenciales a los que se exponían. Todo ello fue constatado por un escribano, quien además tomó fotografías que se exponen en esta nota de 0223 y que forman parte de la prueba documentan en el expediente judicial. En el itinerario, fueron tomando noción que el asentamiento se extendía cada vez más hacia el oeste, incluyendo ya no solo al predio del Instituto de la Vivienda, sino también a otros cuatro de particulares, muchos de ellos bajo la franja de seguridad por las líneas de alta tensión. En los contactos con los habitantes, varios expresaron su preocupación e intención de trasladarse al menos a una zona más segura, aunque con imposibilidad de hacerlo por falta de recursos. Allí, incluso algunos reconocieron que habían comprado los lotes por $300 mil a “un tal Fabián”.

Con el avance de la toma y al no hallar repercusiones, el 11 de julio Transba solicitó a Edea el corte de luz a las construcciones dentro de la franja de seguridad, como medida disuasiva para que abandonen el lugar. Sin embargo, tampoco hubo respuestas: pidió la intervención del Enre, donde tampoco encontró eco, por lo que solicitó que accione Oceba, el ente regular eléctrico provincial, con el mismo resultado. En una última jugada para encontrar alguna contención, el 11 de agosto radicó una última denuncia policial. Sería la última novedad hasta marzo del año siguiente, cuando accionó ante la Justicia Federal.

Consultados al respecto, desde la Municipalidad señalaron a este medio que desde la Secretaría de Seguridad se intervino en un primer momento con diversas presentaciones ante Fiscalía provincial, “poniendo en conocimiento los informes técnicos de la empresa sobre el peligro que conllevaba para los ocupantes”, tras lo cual la Justifica de Garantías ordenó el desalojo de la porción de la servidumbre del electroducto, que nunca se efectivizó. Asimismo, señalaron que la empresa “se encuentra en permanente contacto con la Secretaría de Seguridad”. A su vez, desde la Secretaría de Desarrollo se realizó un relevamiento sobre los ocupantes. Finalmente, agregaron que este lunes se llevará adelante una reunión convocada por Fiscalía “para sobre el tema”.

Desde el Instituto de la Vivienda la respuesta fue más acotada: indicaron que el tema es llevado adelante por la Dirección de Asuntos legales y evitaron ampliar los comentarios sobre lo ocurrido en el último año.

Avanza el expediente judicial

Tras la recepción de la demanda, la Fiscalía Federal N°2, a cargo interinamente de Santiago Eyherabide, dictaminó la competencia de la Justicia Federal debido a que Transba es prestadora de un servicio público e integrante del Sistema Argentino de Interconexión, por lo que recomendó habilitar la instancia.

En tanto, respecto a la figura de proceso sumarísimo preventivo de daños, también sostuvo que están dados los presupuestos normativos que exige el Código Civil y Comercial de la Nación para la procedencia de la acción entablada, pero recomendó tener especial atención por tratarse de población vulnerable a la que se despojaría de su vivienda. Con esos elementos, el juez Alfredo López declaró su competencia y habilitó la instancia judicial, viabilizando el avance de la causa, donde ya se conocen las primeras novedades.