En búsqueda de la zona gris

El Ministerio de Trabajo busca revestir de legalidad algunos eslabones del sistema cooperativo en la pesca marplatense. Pide que cumplan una resolución del Inaes.

5 de Marzo de 2015 08:41

La industria pesquera marplatense se resume a su mínima expresión, con desembarques que siguen bajando en el tobogán de la estadística, con obreros vinculados al procesamiento de la materia prima, tanto en blanco como en negro, que son subsidiados por el mismo gobierno nacional que hace caja con lo que recauda por permitir la subdeclaración de capturas y el descontrol a bordo.

En este contexto contradictorio el Ministerio de Trabajo no quiere quedar fuera del escenario y plantea desde principios de año una especie de tregua para aquellas cooperativas medianamente ordenadas, que tienen cierta garantía de pescado fresco para sus asociados, cobertura de salud, seguro y desempeñen las tareas en un lugar habilitado.

La idea de las autoridades de la cartera laboral, con el aval de la Cámara de Frigoríficos Exportadores (Cafrexport) es encontrar una zona gris donde pueda convivir la relación de empleo directa, encuadrada bajo convenio colectivo, con el sistema cooperativo.

Las empresas que conforman la Cámara no tienen barcos; compran el pescado entero en muelle y tercerizan el procesamiento a través de cooperativas. En el Soip sostienen que detrás de cada cooperativa está el dueño del frigorífico exportador.

El método que utiliza el Ministerio no deja de encerrar en sí mismo una enorme contradicción. A principios de enero un grupo de inspectores de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Laura Rúa, visitó y relevó una serie de 200 cooperativas dedicadas al procesamiento de materia prima de origen marino en el puerto local.

El objetivo de la visita no fue reportar y sancionar el número de trabajadores no registrados bajo convenio colectivo, como ha ocurrido en más de una oportunidad. Después de Reyes los visitantes llegaron con una premisa: exigir documentación de respaldo, ya no de una disposición ministerial sino de una resolución, la 4664/13, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

El agua y el aceite, pero que en el puerto marplatense contradicen las leyes de la química y lejos de repelerse, conforman un líquido uniforme.

La mencionada norma busca brindar mayor protección a los asociados en cuanto a la prestación de “condiciones que hacen a determinadas circunstancias de la vida de los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo, con exclusivo foco en la finalidad que representa el vínculo asociativo”, según dicta la norma.

La Resolución entró en vigencia los últimos días del 2013 y contempla un plazo de 90 días hábiles para que las cooperativas adecuen su funcionamiento. Ahora es el Ministerio de Trabajo quien busca información para conocer el grado de cumplimiento que tiene en el puerto marplatense.

La norma exige que las cooperativas cumplan las aportaciones necesarias a los fines del régimen previsional en el sistema de trabajadores autónomos o bien por otro legalmente habilitado (Monotributo).

También exige pagar las prestaciones dinerarias que le corresponda percibir a los asociados en caso de enfermedades o accidentes, en condiciones que no podrán ser inferiores a las establecidas para el personal dependiente de la misma actividad.

Contempla además la implementación de un sistema de prestaciones de salud para el asociado y su grupo familiar primario, mediante contratos y/o adhesiones que fuere menester ya sea a través de la obra social que elijan dentro del Régimen Nacional de Obras Sociales o con otras instituciones que responsan a sistemas de medicina prepaga habilitados.

Los inspectores solicitaron el Acta Constitutiva y el estatuto, inscripción en Inaes; registro de asociados, constancia de pago de monotributo, actas de asamblea del año pasado, actas de reunión del Consejo de Administración, facturas emitidas por la cooperativa por la prestación de servicios.

Las cooperativas entregaron la información requerida ante la Delegación del Ministerio en Mar del Plata, a la semana del día de visita. “Ya tenemos toda la documentación y aguardamos por la llegada de inspectores especializados de la Dirección, quienes procederán a su análisis”, confiaron en la Delegación.

Desde Cafrexport aseguran que la llegada de los inspectores laborales a Mar del Plata cuenta con el visto bueno de la viceministra, Noemí Rial. Desde hace un tiempo circula entre la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Trabajo la idea de encontrar una manera de mejorar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores tercerizados dentro de la pesca.

Darío Sócrate, como asesor de Cafrexport, impulsó gestiones hace un par de veranos que responden a ese mismo objetivo: distinguir al grupo de cooperativas que reunía esas condiciones para los asociados/trabajadores del otro grupo que utiliza el sistema como un mero instrumento para la explotación y evasión.

Hoy Sócrate es funcionario de la Secretaría que encabeza Casamiquela y desde aquella primera vez que Rial se reunió con empresarios pesqueros en el Hotel 13 de Julio y se analizó esta posibilidad, es el primer paso concreto que da la Viceministra.

Qué hará el Ministerio de Trabajo con la documentación requerida es un misterio. Nadie apuesta a confirmar que la tregua que parece abrirse para las que cumplan con la Resolución 4664 se traducirá en una disposición ministerial. En la Delegación aseguran que el próximo paso será inspeccionar para confirmar que lo que dicen los papeles se cristalice en la realidad.

El cooperativismo pesquero marplatense suele ser muy prolijo en los papeles, pero con poca participación de los asociados en las decisiones del emprendimiento. También es verdad que el obrero del pescado no es muy apegado a la capacitación cooperativa.

Año electoral, en el Ministerio nadie dará la orden de sancionar a quienes no cumplen. Sí intervendrán cuando los propios trabajadores denuncien situaciones de abuso. Hoy la prioridad pasa por mantener el poco nivel de empleo que demanda el sector.

Apretar clavijas implicaría asumir el riesgoso desafío de aumentarle el brillo a la placa de “Capital Nacional de los Brazos en Jarra” que detenta Mar del Plata.