Un matrimonio pide a la Justicia que le devuelva a sus hijos

El 31 de agosto del año pasado, Candela, una beba de 5 meses, falleció en el hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Sus padres, Lucía Sosa y Javier Picart, la  habían llevado por un cuadro de bronquiolitis y regresaron a su hogar con la menor y la prescripción de un tratamiento que consistía en darle una dosis Salbutamol cada cuatro horas. Pero ocurrió lo peor: la niña sufrió un paro cardiorespiratorio y murió 5 días después.

Los médicos advirtieron que habían encontrado cocaína en el cuerpo de la beba y la jueza de Familia Andrea García Marcote, le quitó al matrimonio de manera preventiva las tenencias de Lucas (7), Claudio Martín (4) y Aldana Micaela (3), los otros tres hijos de la pareja.

Ese informe médico fue desestimado por cuatro autopsias realizadas por peritos de La Plata: en ningún caso se detectó la existencia de esa droga. Sin embargo, y pese a que ya no había motivos para que los chicos estuvieran lejos de sus padres, desde septiembre de 2013 los hermanitos de 3 y 4 años viven en el Hogar Gayone, mientras que el mayor fue entregado en adopción a una familia de Hogares de Belén que, en realidad, debía cuidarlo de forma temporal.

El defensor de la pareja, el doctor Caamaño, pidió en reiteradas oportunidades la restitución de los menores, pero la Magistrada siempre rechazó los pedidos. 

Lucía Sosa, mamá de los niños, aseguró que Candela “murió por sobredosis de Salbutamol”, un medicamento que le recetaron los profesionales del Hiemi por las dificultades respiratorias que presentaba la niña. “Era imposible que hubiera cocaína en el cuerpo de mi hija y las autopsias así lo demostraron. Mi beba murió por sobredosis de Salbutamol que ellos mismos me indicaron”, remarcó al ser consultada por 0223.

Pese a los numerosos reclamos de la pareja para que les devuelvan a sus hijos, Juan Facundo Dominoni, del Juzgado de Familia 4, sólo accedió a que Sosa y Picart pudieran visitar a sus hijos los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, entre las 15 y las 18. “No entendemos por qué: tenemos casa, trabajo, los estamos esperando; nosotros somos su familia”, afirmó Lucía.

Por su parte, Patricia Gordon, presidenta del equipo interdisciplinario de EnRed -entidad que junto a otras organizaciones sociales asiste a la familia-, denunció que Lucía, Javier y sus hijos “son víctimas de la violencia institucional que ejercen los poderes médico, judicial y eclesial”. “Les sacaron a los hijos porque supuestamente había cocaína en el cuerpo de la beba fallecida pero, aún habiéndose demostrado que eso era falso, que era mentira, no se los restituyen”, lamentó.